El sistema pensional colombiano atraviesa un momento crítico. Aunque recientemente se han aprobado reformas como la Ley 2381 de 2024, persisten desafíos estructurales que contrastan fuertemente con los modelos implementados en países europeos y miembros de la OCDE. Comprender estas diferencias es clave para reflexionar sobre la sostenibilidad, cobertura y equidad del sistema de pensiones en Colombia.
Tasas de cotización: una gran brecha
Uno de los contrastes más evidentes está en las tasas de cotización. Por ejemplo, Finlandia tiene un sistema totalmente autofinanciado por las cotizaciones laborales, con una tasa del 24.5% del salario. Esta cifra supera el promedio de la OCDE (19%) y es considerablemente más alta que la tasa colombiana, que ronda el 16%.
Esta diferencia implica que los sistemas europeos pueden garantizar mejores condiciones de jubilación sin depender tanto del gasto público. En Colombia, en cambio, la sostenibilidad del sistema se ve comprometida por una menor recaudación directa y una cobertura deficiente.
¿Cuánto invierte el Estado en pensiones?
Los países de la OCDE destinan en promedio el 8.5% del PIB al gasto público en pensiones. En comparación, España invierte un 12.3%, Francia un 14.8% e Italia un 15.4%. Colombia, por su parte, tiene una proyección de gasto más baja y depende en gran parte de programas como Colombia Mayor para atender a los adultos mayores sin pensión.
Este menor nivel de gasto público, combinado con la alta informalidad laboral, genera un sistema que no logra cubrir a una mayoría significativa de la población.
Informalidad y cobertura: el mayor reto colombiano
El 62% de la población ocupada en Colombia trabaja en condiciones de informalidad y no cotiza al sistema de pensiones. Esto contrasta con la UE, donde solo el 5% de la población en edad de trabajar está en esta situación. Además, más del 90% de las empresas en Colombia operan bajo esquemas de informalidad empresarial, lo que reduce aún más el número de cotizantes activos.
Como resultado, solo el 47% de los afiliados a fondos de pensiones estaban activos en 2024 (es decir, cotizaron recientemente). Y de los que cotizan, apenas el 25% logra acceder a una pensión de vejez. Esto significa que el 75% de los trabajadores colombianos llegan a la vejez sin una pensión garantizada.
¿Un sistema de ahorro, no de pensiones?
El diseño del régimen de ahorro individual (RAIS) en Colombia se ha convertido, en la práctica, en un sistema de ahorro financiero. La mayoría de los afiliados no alcanza el capital suficiente para pensionarse y simplemente recibe la devolución del dinero ahorrado. Esta dinámica genera una percepción errada sobre el objetivo de los fondos: no es una pensión asegurada, sino un ahorro que, muchas veces, se devuelve en forma de capital sin rentabilidad suficiente.
Según cifras del Ministerio del Trabajo, solo el 0.18% del total de afiliados logró acumular el capital requerido para una pensión bajo el RAIS.
Edad y densidad de cotización
En Europa, el promedio de edad para pensionarse es de 64.5 años, con al menos 1.820 semanas cotizadas (35 años). En Colombia, solo se exigen 1.150 semanas (22 años) en el régimen de capitalización y 1.300 semanas (26 años) en el público. Además, la densidad de cotización es baja: un trabajador colombiano cotiza en promedio solo 550 semanas en toda su vida laboral.
Esto limita seriamente el acceso a pensiones completas y sostenibles. En contraste, países como Islandia, Noruega o Dinamarca han elevado la edad de pensión a 67 o incluso 68 años, fomentando la permanencia en el empleo formal y garantizando pensiones más estables.
Tasa de reemplazo: ¿cuánto se recibe al pensionarse?
La tasa de reemplazo mide qué porcentaje del salario activo se recibe como pensión. En los países de la OCDE, el promedio está en 50.7%, y en casos como España (77%) o Grecia (75%), esta tasa permite mantener un nivel de vida digno. En Colombia, para quienes tienen un ingreso base bajo (IBL menor a 10 SMMLV), la tasa puede llegar al 65%, pero en la práctica, para ingresos medios y altos, esta oscila entre el 55% y el 80%, dependiendo del número de semanas cotizadas y del régimen.
Conclusión: ¿qué podemos aprender?
Colombia enfrenta retos estructurales enormes en su sistema pensional: baja cobertura, alta informalidad, insuficiente densidad de cotización y escasa sostenibilidad financiera. Las comparaciones con los países europeos y de la OCDE no solo evidencian las fallas actuales, sino que ofrecen una hoja de ruta hacia un sistema más justo, equitativo y viable a largo plazo.
Es necesario avanzar hacia un modelo mixto que garantice pensiones dignas, fomente la formalización laboral y aproveche al máximo los aportes estatales y privados. La reforma ya está en marcha, pero el verdadero cambio vendrá con la implementación estratégica y el compromiso colectivo.
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